(English below)

Declaración de la sociedad civil

Incluir las Emisiones de la Industria Offshore en los Compromisos Climáticos Nacionales por parte de los Estados

Firme en este link. La lista de firmantes se actualiza de manera regular al final de la declaración en la parte de abajo de esta página

La inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incluyendo los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), de la industria offshore en los compromisos climáticos nacionales es una obligación jurídica de los Estados. Así mismo, hace parte del camino para eliminar progresivamente los combustibles fósiles (phase out) están intrínsecamente ligados a la justicia marina, social y económico.

La extracción de hidrocarburos en el mar —conocida como industria offshore— genera una carga significativa de emisiones de GEI. Estas emisiones provienen del tráfico de embarcaciones, la quema y venteo de gas, las fugas de metano, el uso intensivo de energía y las descargas tóxicas asociadas a las operaciones de exploración y producción. Además de la amenaza a los océanos por la contaminación, el riesgo de derrames de petróleo y el impacto sobre otras industrias como el turismo y la pesca, la producción de petróleo y gas contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, y dichas emisiones no siempre se capturan plenamente en los informes sobre las emisiones de un país.

La extracción de hidrocarburos en el mar no es una salida a la transición, sino que nos regresa a la dependencia de fósiles y extiende la industria extracción de petróleo al mar, impactando comunidades costeras e insulares, especialmente, las comunidades dedicadas a la pesca artesanal, y a los ecosistemas marinos y costeros, de los cuales depende todo el planeta.

Por lo anterior, es necesario que los Estados fortalezcan los procesos de medición y evaluación – incluso midiendo de manera separada las emisiones de la industria offshore de petróleo y gas- en esta labor pueden seguirse las directrices del IPCC para los inventarios de GEI, una comprensión mayor de estas emisiones contribuye a plantear estrategias claras y concretas para una transición energética hacia fuentes diferentes a los hidrocarburos de una manera justa y adecuada.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Opinión Consultiva n.º 31 de 2024), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-32/2025) y la Corte Internacional de Justicia (Opinión Consultiva del 23 de julio de 2025) han coincidido en reconocer que los Estados tienen la obligación jurídica de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar los GEI, así como de armonizar sus políticas climáticas y energéticas con la protección de los océanos.

Ignorar las emisiones offshore implica desconocer una de las principales fuentes de contaminación transfronteriza del siglo XXI. Los GEI no permanecen confinados al lugar de su emisión: se difunden rápidamente por la atmósfera y afectan la salud, la biodiversidad y la supervivencia de poblaciones en todos los continentes.

Las operaciones offshore producen CO₂, metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) y gases fluorados. El metano, en particular, tiene un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el CO₂ en el corto plazo y constituye un CCVC, con efectos intensos sobre la temperatura global y la calidad del aire.

Estas experiencias demuestran que la medición rigurosa de la huella de carbono offshore permite identificar fuentes críticas, reducir emisiones y orientar decisiones hacia la transición energética justa, sostenible y ecosocial. Al no incorporar estas emisiones, los Estados subestiman su huella nacional de carbono, debilitan la efectividad de sus políticas climáticas y retrasan la implementación de soluciones tecnológicas necesarias para alcanzar la neutralidad en carbono hacia 2050.

El cambio climático no distribuye sus efectos de manera equitativa. Las comunidades costeras, los pequeños Estados insulares y los pueblos con menor capacidad de adaptación son quienes sufren los impactos más graves, sin haber contribuido en igual medida a la crisis. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas —pilar del derecho internacional ambiental— exige que todos los Estados actúen con la máxima diligencia dentro de sus capacidades, especialmente cuando la inacción compromete derechos humanos esenciales como la vida, la salud, el agua y el ambiente sano.

La absorción oceánica de CO₂ altera la química de los mares, causa acidificación y desoxigenación, y pone en riesgo la pesca, la biodiversidad y la seguridad alimentaria global. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (artículo 1.4), la introducción de sustancias o energía que produzcan efectos nocivos constituye contaminación del medio marino, así también lo confirmó el Tribunal Internacional de Derecho de Mar. Por tanto, las emisiones de GEI de origen offshore deben ser tratadas —legal y políticamente— como contaminación marina y ser objeto de medición, control y reducción obligatorios.

Exhortamos a todos los Estados Parte a que en las actualizaciones e implementación de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) e introduzcan en sus políticas y marcos normativos los siguientes elementos:

Incorporen explícitamente las emisiones de GEI provenientes de la industria offshore dentro de sus inventarios nacionales y estrategias de mitigación, utilizando estándares internacionales de ciclo de vida.
Exijan la medición y verificación independiente de la huella de carbono offshore, incluyendo emisiones fugitivas de metano, quema de gas y transporte marítimo asociado.
Modifiquen los marcos normativos ambientales y energéticos para incluir la cuantificación obligatoria de la huella de carbono en todos los Estudios de Impacto Ambiental y planes de manejo de proyectos offshore.
Fortalezcan los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) con participación pública y transparencia de datos.
Adopten metas de reducción progresivas y mecanismos de compensación ambiental, coherentes con la justicia climática y la protección de los ecosistemas marinos.

La ventana de oportunidad para limitar el calentamiento global a 1,5 °C se está cerrando rápidamente. Cada tonelada de metano o CO₂ emitida hoy permanecerá en la atmósfera durante décadas o siglos, agravando los impactos sobre la vida humana y la biodiversidad. El reconocimiento de las emisiones offshore como parte integral del problema climático ya no es una opción técnica, sino una obligación jurídica y moral. Incluirlas las políticas y normatividad nacional es un paso indispensable para garantizar la integridad ambiental del Acuerdo de París, proteger los océanos —el mayor sumidero natural de carbono del planeta— y asegurar un futuro habitable para las generaciones presentes y futuras.

(English version)

civil society declaration

IIncluding Offshore Industry Emissions in state’ National Climate Commitments

The inclusion of greenhouse gas (GHG) emissions—including short-lived climate pollutants (SLCPs)—from the offshore industry in national climate commitments is a legal obligation for states. Furthermore, the phasing out of fossil fuels is intrinsically linked to marine, social and economic justice.

Offshore hydrocarbon extraction—known as the offshore industry—generates a significant burden of GHG emissions. These emissions stem from vessel traffic, gas flaring and venting, methane leaks, intensive energy use, and toxic discharges associated with exploration and production operations. In addition to the threat of pollution to the oceans, the risk of oil spills, and the impact on other industries such as tourism and fishing, oil and gas production contributes to greenhouse gas emissions, and these emissions are not always fully captured in a country’s emissions reports.

Offshore hydrocarbon extraction is not a solution for the transition; rather, it returns us to dependence on fossil fuels and extends the oil extraction industry to the sea, impacting coastal and island communities—especially those engaged in artisanal fishing—as well as marine and coastal ecosystems, on which the entire planet depends.

Therefore, it is necessary for States to strengthen measurement and assessment processes—including separately measuring emissions from the offshore oil and gas industry—in this effort, the IPCC guidelines for GHG inventories may be followed; a greater understanding of these emissions contributes to developing clear and concrete strategies for an energy transition toward sources other than hydrocarbons in a fair and appropriate manner.

The International Tribunal for the Law of the Sea (Advisory Opinion No. 31 of 2024), the Inter-American Court of Human Rights (OC-32/2025), and the International Court of Justice (Advisory Opinion of July 23, 2025) have all agreed that States have a legal obligation to take all necessary measures to prevent, reduce, and control GHGs, as well as to align their climate and energy policies with the protection of the oceans.

Ignoring offshore emissions means turning a blind eye to one of the main sources of transboundary pollution in the 21st century. GHGs do not remain confined to the place of their emission: they spread rapidly through the atmosphere and affect the health, biodiversity, and survival of populations on every continent.

Offshore operations produce CO₂, methane (CH₄), nitrous oxide (N₂O), and fluorinated gases. Methane, in particular, has a global warming potential 80 times greater than CO₂ in the short term and is a CCVC, with significant effects on global temperature and air quality.

These experiences demonstrate that rigorous measurement of the offshore carbon footprint allows for the identification of critical sources, the reduction of emissions, and the guidance of decisions toward a just, sustainable, and eco-social energy transition. By failing to account for these emissions, states underestimate their national carbon footprint, weaken the effectiveness of their climate policies, and delay the implementation of technological solutions necessary to achieve carbon neutrality by 2050.

Climate change does not distribute its effects equitably. Coastal communities, small island states, and peoples with the least capacity to adapt are the ones suffering the most severe impacts, without having contributed equally to the crisis. The principle of common but differentiated responsibilities—a pillar of international environmental law—requires all States to act with the utmost diligence within their capabilities, especially when inaction jeopardizes essential human rights such as life, health, water, and a healthy environment.

Oceanic absorption of CO₂ alters the chemistry of the seas, causes acidification and deoxygenation, and jeopardizes fisheries, biodiversity, and global food security. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (Article 1.4), the introduction of substances or energy that produce harmful effects constitutes pollution of the marine environment, as also confirmed by the International Tribunal for the Law of the Sea. Therefore, offshore GHG emissions must be treated—legally and politically—as marine pollution and be subject to mandatory measurement, control, and reduction.

We urge all States Parties to include the following elements in their policies and regulatory frameworks when updating and implementing their Nationally Determined Contributions (NDCs):

Explicitly incorporate GHG emissions from the offshore industry into their national inventories and mitigation strategies, using international life-cycle standards.
Require independent measurement and verification of the offshore carbon footprint, including fugitive methane emissions, gas flaring, and associated maritime transport.
Amend environmental and energy regulatory frameworks to include mandatory quantification of the carbon footprint in all Environmental Impact Assessments and management plans for offshore projects.
Strengthen monitoring, reporting, and verification (MRV) mechanisms with public participation and data transparency.
Adopt progressive reduction targets and environmental offset mechanisms consistent with climate justice and the protection of marine ecosystems.

The window of opportunity to limit global warming to 1.5 °C is rapidly closing. Every ton of methane or CO₂ emitted today will remain in the atmosphere for decades or centuries, exacerbating impacts on human life and biodiversity. Recognizing offshore emissions as an integral part of the climate crisis is no longer a technical option, but a legal and moral obligation. Including them in national policies and regulations is an indispensable step toward ensuring the environmental integrity of the Paris Agreement, protecting the oceans—the planet’s largest natural carbon sink—and securing a livable future for present and future generations.

FIRMAS/SIGNATURES

AfroClimaCC- Mesa Afrodescendiente de Justicia Climática de Centroamérica y el Caribe

Alejandra Serrano

Centro de Incidencia Ambiental / Environmental Advocacy Center (CIAM)

Centro Nicaragüense para la Conservación Ambiental (CENICA)

Centro para la Justicia Marina

Instituto de Derecho Ambiental de Honduras

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)

Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros

Red Gran Caribe Libre de Fósiles

The Greenheart Movement